Ángel Iturralde / Inversión Turística
El pasado 11 de abril Magnicharters dejó de operar todos sus vuelos programados y mediante un comunicado a las agencias de viajes y clientes, aseguró que sólo sería por dos semanas debido a “problemas logísticos”. Y horas más tarde, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo de Magnicharters, por lo que quedó en tierra literalmente ya que sin ese certificado la aerolínea no puede vender boletos ni operar vuelos.
Posteriormente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la AFAC, dio a conocer que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito, más tarde la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la misma medida en sus redes sociales.
En tanto, a cientos de pasajeros afectados en el aeropuerto de Cancún, destino en donde operaba la chartera, la Procuraduría Federal del Consumidor (Porfeco) los conminó a realizar una demanda colectiva por incumplimiento de contrato y otras obligaciones.
Derivado de estas cancelaciones que incluyen vuelos y hospedaje, la aerolínea debe 150 millones pesos (según la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas) a agencias de viajes y pasajeros, sin embargo la AFAC y Profeco informaron que dueños y los representantes legales de la aerolínea Magnicharters se encuentran prófugos.
Cabe destacar que después de emitir el comunicado el 11 de abril, las oficinas de la aerolínea permanecieron cerradas; sus teléfonos no responden y sus mostradores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), están vacíos y sin avisos de atención a usuarios.
La Profeco explicó que hasta la tarde del martes atendió 140 asesorías y 156 llamadas de afectados por la cancelación de 18 vuelos de Magnicharters. Mientras la AFAC informó que desde el mes de enero de 2026 realizó una verificación técnica administrativa a la línea aérea de acuerdo al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron y notificaron hallazgos.
Adeudos impagables con proveedores
De acuerdo con el especialista en aviación Pablo Casas Lías, a cuatro años de que termine la vigencia de la concesión que le otorgó la SICT, Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V. Magnicharters, se perfila para sumarse a los casos de fraude concursal en perjuicio de trabajadores, proveedores y pasajeros, que se realizan al amparo de la autoridad y quedan impunes, como el caso de Mexicana, Interjet, Aeromar, y otras.
Recordó que según la última estadística publicada por la AFAC, la aerolínea opera cuatro rutas, en cinco aeropuertos con dos aeronaves de 30 años de antigüedad y, un factor de ocupación del 56.6%. La historia de la aerolínea pasa por crisis eternas y adeudos impagables con proveedores.
“La historia, demuestra que en el país, entre otras muchas cosas, no hay nada más fácil e impune para los empresarios aéreos, que colocar en estado de insolvencia a una aerolínea con el objeto de eludir obligaciones a su cargo”, enfatizó.
Consideró que el comunicado emitido por la aerolínea informando que: «…debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo», se entiende que fue una decisión unilateral de la concesionaria, sin el consentimiento de alguna autoridad regulatoria.
Casas Lías expuso que “una de las capacidades con la que debe contar todo concesionario para la prestación del servicio público de transporte aéreo nacional regular, es la financiera. Si no hay dinero no hay mantenimiento, capacitación, refacciones, taller, lo que en automático pone en duda la seguridad aérea de toda aerolínea”.
“Una vez detectada la falta de recursos mediante una verificación ordinaria o específica, la AFAC puede proceder a la intervención administrativa, requisa, suspensión del servicio o aseguramiento los bienes de la concesionaria, a efecto de garantizar la prestación del servicio y, en su caso, el pago de adeudos. Facultades que nunca hace valer la AFAC, a pesar de ser públicos, siempre, los problemas económicos de la aerolínea en turno de suspensión de operaciones y/o proceso de quiebra”.
“Los fraudes maquinados en la industria aérea mexicana, se explican en el hecho de que para dicha conducta, no hay sanción alguna. Ni delito tipificado. En efecto, ni la Ley de Vías Generales de Comunicación; ni la Ley de Aviación Civil y su Reglamento, prevén como delito la conducta de quienes administran una aerolínea hacia el estado de insolvencia, con el objeto de eludir obligaciones a su cargo”, puntualizó el especialista.
“Solo se sancionan conductas irregularmente administrativas, con la imposición de multas cuantificadas con base en unidades de medida y actualización. En ese sentido, es importante que se promueva una reforma legislativa para que se tipifique debidamente y se sanciona con cárcel, ese tipo de conductas”.
“El delito de fraude se encuentra previsto y regulado en el Código Penal Federal. A pesar de ello, para los afectados de un fraude concursal maquinado de una aerolínea, resulta todo un problema poder acreditarlo. Aunado a que, la AFAC, no denuncia como autoridad, las conductas irregulares”, advirtió.
“Un factor más de la corrupción, son los sindicatos. Normalmente, en los fraudes concursales maquinados de una aerolínea, el líder o líderes sindicales, son cooptados por los dueños de las mismas, para servir a sus intereses y no al de los trabajadores”, indicó.
Magnicharters y su modelo rebasado
Magnicharters fue fundada en 1994 por Augusto Bojórquez y Luis Bojórquez Maza, bajo el nombre de Grupo Aéreo Monterrey. Su modelo de negocio era sencillo y, durante muchos años, muy exitoso: ofrecer vuelos hacia destinos turísticos de sol y playa, como Cancún, Puerto Vallarta, Huatulco e Ixtapa, combinados con paquetes vacacionales accesibles. Era, en pocas palabras, la aerolínea del mexicano que quería irse a descansar sin complicarse la vida.
En 2015, la empresa transportó a más de un millón de pasajeros al año, lo que representaba una empresa sólida, con nombre propio y una base de clientes fieles. Sin embargo, para 2025 esa cifra había caído a poco más de 208 mil usuarios, lo que representa una pérdida del 79% en una sola década.
Su modelo original, basado en vuelos chárter y paquetes vacacionales, quedó rezagado frente a la evolución del mercado y la consolidación de aerolíneas de bajo costo, que con tarifas más baratas y mayor frecuencia de vuelos fueron ganando terreno y dejando a Magnicharters sin su nicho histórico.
Es de mencionar que la turbosina subió 32.1% en marzo, presión para la rentabilidad de las aerolíneas y más para una empresa debilitada financieramente, pues así quedo expuesto luego que el 19 de diciembre de 2025, cuando el piloto Édgar Macías González se negó a despegar un vuelo hacia Cancún en protesta por la falta de pago de hasta cinco meses de salario.
Además, como lo apuntó Pablo Casas, la empresa operaba con un certificado de operación vencido desde 2024, situación que se mantuvo hasta el 11 de abril de este año. Es decir, durante casi dos años voló sin tener en regla el documento más básico que acredita que una aerolínea puede operar legalmente. “Y la AFAC no la detuvo”, recalcó el experto en aviación.
En este contexto, José David Bojórquez Maza, quien funge como director y representante legal de la firma, no ha sido localizado, de acuerdo con las autoridades.
